Tren Maya va, por decreto de López Obrador

López Obrador le dió la vuelta a la orden de un juez que detuvo la obra del Tren Maya, declarándola como obra de seguridad nacional, evitando así que los amparos promovidos por organizaciones ambientalistas retrasen mas los trabajos de construcción.

El director de Fonatur, Javier May, dijo que dicha declaratoria implica que serán las Secretaría de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana las encargadas de la construcción del Tren Maya.

“Es un tema de seguridad nacional, hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional y está a cargo de la Secretaría de Gobernación y de Seguridad Pública”

La decisión de López Obrador no excluye que se sigan combatiendo por la vía legal los amparos que se han promovido, así como la decisión del juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, Adrián Novelo. El amparo definitivo fue impugnado por el gobierno y se presentarán pruebas de impacto ambiental para lograr que se levante la suspensión definitiva.

“Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos, que determine el juez, estamos esperando que nos vuelvan a signar la audiencia, se ha diferido varias veces, ya aportamos para los alegatos”

El colectivo ambiental Selvame denunció que el gobierno federal, pese a dicha decisión judicial, reanudó las obras en el Tramo 5 del Tren Maya, que se encontraban suspendidas.

Las secretarías de Gobernación y de Seguridad ordenaron el reinicio de las obras en su tramo 5 que va de Playa del Carmen a Tulum.

La especialista en agricultura y cambio climático en Greenpeace México, Viridiana Lázaro Lembrino, solicitó a AMLO detener de inmediato las obras debido a que continúa violando la ley y los acuerdos internacionales.

“Las suspensiones judiciales no se han levantado y, sin embargo, Fonatur decidió continuar con las obras, violando la ley y deforestando nuevamente la Selva Maya de manera ilegal. Desde el inicio, Fonatur no ha cumplido a cabalidad con el proceso mandatado por la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA)”

José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionó que el gobierno federal haya recurrido nuevamente a una declaratoria de seguridad nacional para proteger sus proyectos prioritarios, sin que los organismos autónomos como el Poder Judicial de la Federación, validen sus acciones.